Joanna Birriel, la modelo argentina asesinada en la cárcel más peligrosa de Guatemala, murió por haberse vinculado con el ex capitán del Ejército Byron Lima, quien cumplía una pena de 30 años de prisión condenado por el homicidio del obispo Juan Gerardi, un referente de los derechos humanos, asesinado el 26 de abril de 1998, en la capital del país centroamericano. Lima era para Guatemala, lo que Astiz es para la Argentina.
La cárcel de Pavón, donde Lima estaba alojado, es una de las más grandes de Guatemala y Lima se había convertido en el verdadero jefe del presidio, donde, por ejemplo, funcionaba una fábrica de ropa que él mismo coordinaba. Entrenado en la inteligencia militar, Lima había hecho de su permanencia en la cárcel un fenomenal negocio. Y había denuncias sobre pagos de sobornos a jefes penitenciarios para permitirle el control de la cárcel.
En Guatemala trascendió un video del momento en el que encuentran el cuerpo de Joanna, que había ido a la cárcel a visitar a Lima, a quien conocía desde tiempo atrás.
“Tenía un perfil muy particular, buen alumno de inteligencia militar,desde su ingreso a prisión comenzó a crear una red de colaboradores basado en proyectos de generación de trabajo que luego trasladó a actividades ilícitas, a la vez garantizaba control en los centros penitenciarios donde operaba”, dijo el ex ministro de Gobernación,Carlos Menocal.
Gerardi creó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y encabezó el proceso de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), “con la esperanza de conocer la verdad por medio de testimonios para el pasado no se repitiera más, ya que estaba convencido de que la paz y la reconciliación se lograrían solamente conociendo la verdad”.
La presentación de los resultados de REMHI tuvo lugar el 24 de abril de 1998: dio cuenta de unas 50 mil violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército. El título del informe fue Guatemala: Nunca Más. Gerardi fue asesinado dos días después a golpes en la cabeza, su cara quedó irreconocible.
Tres años después fueron condenados por el crimen el coronel retirado Byron Lima Estrada, al capitán Byron Lima Oliva (padre e hijo) y el agente de inteligencia del ejército José Obdulio Villanueva y, en calidad de cómplice, al sacerdote Mario Orantes Nájera.
El ex capitán del ejército comenzó a cumplir su condena en otro centro penitenciario, pero cuando fue trasladado a la prisión de Pavón “Lima se encargó de liderar la cooperativa Torre Fuerte que operaba en el penal, la cual se encargaba de una maquila de ropa. Trabajo y seguridad eran sus monedas de canje con los reos, mientras sus buenas relaciones con las autoridades penitenciarias le reportaban control en traslados entre centros penitenciarios”, consigna el respetado portal guatemalteco Plaza Pública.
En septiembre de 2014, una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –organismo de apoyo de las Naciones Unidas al Ministerio Público–, Lima fue acusado de liderar una estructura de control de las cárceles. “Mientras la fiscalía presenta una serie de escuchas telefónicas y documentos contables que ligan al reo con las máximas autoridades del Sistema Penitenciario. Según los investigadores, Lima pagaba a los carceleros sobornos con dinero cobrado a los reos para garantizarles un traslado al centro controlado por él y libre de pandilleros”, agrega el sitio.
Byron Lima esperaba salir de prisión en breve, luego de que sus abogados hubieran presentado un recursos para obtener la libertad por buena conducta, un beneficio que ya había obtenido su padre, condenado también por el homicidio del obispo Gerardi. Se cree que el ataque contra Lima fue ordenado por un narcotraficante condenado y alojado en Pavón, que supuestamente le disputada el control del tráfico de drogas dentro del presidio.
En el ataque se usó una granada y varias armas de fuego. Lima fue rematado de dos disparos en la cabeza. Uno de los cuerpos fue prendido fuego. La joven argentina estaba con Lima cuando se produjo el ataque.
OTRA MASACRE EN PAVÓN
Este no fue la primera masacre que ocurrió en esa cárcel. En la madrugada del 25 de septiembre de 2006 tropas especiales del ejército ingresaron en la prisión con el fin de recuperar el control del centro, que estaba en manos de los reclusos, y que terminó con la matanza de siete presos.
Una investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de Naciones Unidas, concluyó que los presos no opusieron resistencia “El Gobierno planeó la muerte de ciudadanos guatemaltecos. Se ordenó ejecutar a siete personas en una cárcel”, denunció entonces el titular de la CICIG,Francisco Dall’Anese.
