El proyecto establece que las empresas deben borrar los contenidos “claramente delictivos” denunciados por los usuarios, entre los que se pueden encontrar mensajes tales como “todos los judíos a los campos de concentración y a las cámaras de gas”, ejemplificó el ministro de Justicia, Heiko Maas.
Si bien el plazo para eliminar los mensajes es de 24 horas, la iniciativa contempla hasta siete días cuando se necesite un análisis de mayor profundidad.
“Este (proyecto de ley) propone estándares vinculantes para la manera en que los operadores de redes sociales tratan los reclamos y les obliga a eliminar el contenido delictivo”, afirmó Maas en un comunicado.
Para el ministro, “la libertad de expresión en democracia protege declaraciones repugnantes y feas, pero acaba donde empieza el código penal. Para los comentarios de incitación al odio y las calumnias, en la red debe haber tan poco espacio como en la calle”.
“Si no se actúa y no se cuenta con los mecanismos necesarios para atender las denuncias y bloquear los mensajes, los responsables podrán ser multados con hasta cinco millones de euros y las empresas con hasta cincuenta millones”, precisó Maas.
La medida busca contrarrestar los llamados “mensajes de odio”, cuya multiplicación afecta a las redes sociales en todos los países, aunque en algunos más que otros.
En este sentido, el interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) Javier Buján, señaló en diálogo con Télam “los crímenes de odio no son el principal proceso discriminatorio de las redes sociales” en el país, donde circulan “más expresiones xenófobas hacia migrantes”, o contenidos de “burla, acoso y ciberbullyng, cuestiones que no entrar en la categoría de los crímenes de odio”.
A través del Observatorio de la Discriminación en Internet, que depende del organismo, el Inadi mantiene un diálogo con medios digitales y redes sociales que “en muchos casos han sacado contenidos”.
“Hemos logrado que cosas no vuelvan a aparecer, la respuesta siempre es positiva”, consideró Buján, y afirmó que al no ser los que más abunda los mensajes de odio, “podemos darnos el lujo de sentarnos a dialogar, que no sé si es el caso de lo que sucede en Alemania”.
De todas maneras, el funcionario señaló que sería posible tomar medidas como las que propone Alemania, ya que en el país “tenemos un sistema de protección administrativa que es bastante eficaz”.
Por su parte, el especialista en comunicación Martín Becerra consideró que en el país, una iniciativa como la que propone Alemania requeriría “que exista una orden judicial de retiro de un contenido después de que se haya fallado acerca de su carácter delictivo, es decir que no sirve la presunción de que el contenido podría ser delictivo para que una empresa como Twitter o Facebook lo retiren de sus plataformas”.
“De hecho, si se autorizara formalmente a estas empresas dueñas de redes sociales digitales, que operan como intermediarios en muchos casos, a retirar contenidos, se les facultaría de un poder de policía que el Estado argentino no delega en particulares ni en empresas. En el país la censura no puede hacerse ex ante, aún cuando se trate de contenidos corrosivos, y por ello es necesario que intervenga un proceso judicial para que se ordene que un contenido no puede circular socialmente”, analizó.
El Gobierno alemán presentó el proyecto tras recibir el segundo informe sobre la actuación de Facebook, Twitter y Youtube ante las denuncias, que demuestra una respuesta “insuficiente”.
Según ese informe, encargado por el Ministerio de Justicia y por el de la Familia, Facebook borró el 39 por ciento de los mensajes delictivos denunciados por los usuarios (siete puntos menos que en el anterior análisis), y sólo en el 33% de los casos actuó en el plazo de 24 horas. Twitter, por su parte, solo borró uno de cada 100 mensajes denunciados.
El proyecto de ley obliga a las redes sociales a presentar informes sobre los departamentos encargados de analizar las denuncias y borrar los mensajes, y a contar con un responsable que responda ante las autoridades alemanas, aunque la sede de la empresa se encuentre en el extranjero.
Para determinar las sanciones, la cartera de Justicia será la encargada de analizar las denuncias no atendidas por las redes sociales y las llevará ante los tribunales para que, en un procedimiento rápido, verifiquen si se trata de comentarios delictivos.
