La semana pasada la Corte Suprema de Justicia validó el tope de 75 años dispuesto en la Constitución Nacional reformada en 1994, que no solo determina ese límite para ejercer el cargo de juez sino que además, que quienes superen esa edad deban conseguir un nuevo acuerdo del Senado y del Ejecutivo para seguir en funciones.
Este fallo generó una fuerte reacción de magistrados como María Servini, que excede ese límite, y de la diputada Elisa Carrió, que hace tiempo le hace fuertes críticas al presidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti. La legisladora presentó un pedido de juicio político contra el magistrado en Diputados.
Como respuesta a las expresiones de Servini y de Carrió, el presidente del máximo tribunal les envió cartas-documento en las que les exige que “en un plazo de 24 horas” desmientan públicamente “falsas acusaciones” sobre supuestos “aprietes” y “presiones” suyas contra la magistrada y la legisladora, a las que el consideró “gravemente lesivas” de su “honor” y su “imagen personal”.
En una carta al presidente Mauricio Macri, la legisladora cuestionó el fallo, le atribuyó intenciones “espurias” a Lorenzetti y pidió la continuidad en el ejercicio de sus funciones tanto de Servini como del camarista platense Leopoldo Schiffrin (caso sobre el que falló la Corte).
Mientras que Servini salió a denunciar “presiones” en su contra a raíz de una denuncia presentada por Carrió contra el titular del máximo tribunal y aseguró que tiene conocimiento de que otros magistrados también fueron supuestamente “apretados” para “cerrarle causas” al presidente del máximo tribunal.
Tanto la jueza como la diputada ya recibieron la carta documento enviada por Lorenzetti, que las intimó a que en un plazo de 24 horas desmientan públicamente las “falsas acusaciones” que hicieron en su contra. En ambos escritos el titular de la Corte indicó que actúa “a título personal, sin invocar rol institucional alguno”, como ciudadano que está “obligado” a defender su “honor” y el de las personas que lo rodean.
Mientras que en el dirigido a Carrió, el presidente de la Corte habla de “difamaciones reiteradas” en su contra “sin causa alguna” y argumenta que la legisladora “ha excedido todo límite de tolerancia que se exige a una persona que ocupa un lugar público” como el suyo.
