El empresario Lázaro Báez y su hijo Martín pidieron la postergación de la declaración indagatoria que dispuso el juez Casanello para el dueño de Austral Construcciones y sus cuatro hijos, mientras el director del Servicio Penitenciario Federal salió a aclarar que Báez no es un preso VIP.
Durante la tarde circuló una falsa información en torno a un pedido de recusación impulsado por Báez contra el juez por haber dado un “show mediático” en los tribunales de Comodoro Py, pero la versión fue desmentida.
No obstante, fuentes tribunalicias afirmaron que los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari sí le solicitaron a Casanello que aplace las indagatorias fijadas para sus clientes la semana próxima.
Esto es a raíz de un documento de la Unidad de Información Financiera (UIF), que aludía a unos 25 millones de dólares detectados en cuentas de Suiza a nombre de los hijos del empresario.
Las defensas de Lázaro y Martín Báez pidieron la postergación aduciendo que el informe no habría sido aún adjuntado a la causa, pero ahora la resolución de hacer o no lugar al planteo está en manos de Casanello
El viernes pasado el juez no sólo ordenó las indagatorias de Lázaro y Martín Báez sino de los otros hijos del empresario, Melina, Luciana y Leandro.
Este último recusó a Casanello por ignorar “el rol protagónico” que habría tenido la ex presidenta Cristina Kirchner en la trama de presunto lavado de activos que se investiga.
En tanto, el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emiliano Blanco, afirmó que “Lázaro Báez no es un interno VIP ni tiene privilegios”, al salir al cruce de versiones sobre presuntas condiciones especiales de detención para él.
Blanco puntualizó que Báez está alojado en un “pabellón común” con otros 14 internos y, si bien admitió que goza del uso de aparatos eléctricos, precisó que el ingreso de esos elementos “está aprobado por el reglamento interno” y es compartido con sus pares.
“El ingreso de microondas, hornos eléctricos, televisores, pavas eléctricas, anafes, está aprobado por el reglamento de comunicación interno y por el control de ingreso de elementos permitidos”, sostuvo, para luego agregar que “estas cuestiones, en general, favorecen los estándares de convivencia al interior de los pabellones”.
Vale recordar que Báez se encuentra detenido desde el 5 de abril pasado y fue procesado en dos oportunidades por operaciones de lavado de dinero, en el marco de la causa conocida como “ruta del dinero K”.
Mientras avanza la investigación en busca de más maniobras e involucrados, Casanello ordenó un allanamiento en la casa de Betina Graciela Groppi, titular de la Fiscalía de Violencia Familiar 2, ubicada en la calle Chacabuco al 1200, en el barrio Nueva Córdoba de la capital cordobesa.
El fiscal había pedido el allanamiento en base a una información que señalaba que en ese inmueble podían estar escondidos poderes notariales, mandatos y cartas-documentos relacionados al dueño de Austral Construcciones SA y al financista Néstor Marcelo Ramos, titular de Helvetic Services Group, que vive en Suiza y tiene pedido de detención emitido por Casanello.
Pero después de tres horas de inspección, los delegados del juez no encontraron nada y la fiscal allanada aseguró que todo se debió a una falsa denuncia.
