La Justicia pidió que la expresidenta Cristina Kirchner sea citada a indagatoria en la causa en la que se investigan los contratos entre su hotel Alto Calafate y la línea aérea estatal Aerolíneas Argentinas, por los millonarios pagos de la compañía por hospedaje de personal entre 2009 y 2015. El pedido fue presentado por los fiscales federales Gerardo Pollicita y e Ignacio Mahiques al juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa.
El requerimiento de los fiscales incluye a los exdirectores de Aerolíneas Argentinas Julio Alak y Mariano Recalde, al exsubgerente de la empresa Axel Kicillof, además de los empresarios Lázaro Báez, su hijo Martín Báez y Osvaldo “Bochi” Sanfelice, exsocio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria.
Entre 2008 y 2013 la administración de Alto Calafate y otros hoteles quedó en poder de la empresa Valle Mitre, de Báez, y desde allí le sucedió a Sanfelice. La acusación es por las sumas que Aerolíneas Argentinas pagó en concepto de alquiler de plazas hoteleras, “interesadamente y con total desapego a las reglas de transparencia con que debe manejarse el patrimonio público”, indicaron los fiscales en su escrito.
Para los fiscales la exmandataria y los gerentes de Aerolíneas Argentinas durante el kirchnerismo “se interesaron” en contratar con el hotel los Kirchner y, afirmaron, la manera de “poner distancia” y entre ellos y la empresa era a través de intermediarios, para tratar de “disimular” las operaciones.
En total fueron nueve los contratos entre el hotel y la empresa Aerolíneas Argentinas, por un total de $ 16 millones: la línea aérea estatal pagó por unas 26.000 habitaciones pagadas al hotel propiedad de los Kirchner para alojar a personal de la empresa. Se sospecha de una contratación directa porque se omitió lo previsto en el manual de contrataciones de la empresa, que determina que al superar los U$S 1.000 se haga un concurso cerrado, algo que no se hizo.
De acuerdo a la acusación el ilícito radica en el “interés que se decantaba desde la (entonces) titular del Poder Ejecutivo hacia los funcionarios de Aerolíneas en contratar con el hotel de la familia Kirchner de forma sistemática desde 2009 a 2015”. En la causa se determinó la “manipulación abusiva del mecanismo de contratación directa” y una “alteración de las reglas del procedimiento de concurso cerrado”. Los fiscales consideran que esto produjo “el direccionamiento del resultado en forma unívoca hacia la selección del Hotel Alto Calafate”.
En el escrito además hablan de “lavado de dinero”, en relación a una causa “Hotesur”, paralela a esta investigación. Para los fiscales las maniobras no solo favorecían a los Kirchner sino que con “la ocupación constante y permanente del establecimiento hotelero” se favorecía al delito de lavado.
“Los tripulantes de Aerolíneas Argentinas le garantizaban un flujo real de ocupantes, en contraposición, a los contratos simulados por el alquiler de habitaciones en el referido hotel que eran celebrados con las empresas del Grupo Báez para justificar en los papeles el flujo de fondos que por esta vía eran blanqueados”, indicaron.
