La reforma tributaria benefició a Lázaro Báez en la mega causa por evasión impositiva

La nueva normativa actualizó los montos que son considerados evasión y la Justicia aplicó el beneficio por la ley más benigna.

La reforma tributaria que entró en vigencia a fines de diciembre del año pasado fue resistida por buena parte del kirchnerismo pero, al menos a uno de sus empresarios emblema, le trajo una buena noticia: la nueva legislación llegó con una actualización de montos de evasión y varios delitos que se le imputan a Lázaro Báez ya no son considerados punibles gracias al beneficio de la ley más benigna.

Se trata de una situación que favorece tanto a Lázaro como a sus hijos Martín, Leandro y Luciana Báez, todos imputados en la causa por evasión impositiva de la constructora Austral Constructores y otras 15 empresas del Grupo Báez por falta de pago en los aportes previsionales de sus empleados. La evasión investigada data de un monto de 33.433.388 millones de pesos.

La ley anterior establecía que se estaba ante un caso de evasión impositiva una vez vencido el plazo de 10 hábiles para pagar los aportes previsionales que sumeren la suma audeudada de cinco mil pesos.

La nueva legislación, en cambio, sostiene que la evasión se da después de que un empresario adeuda 100 mil pesos y no cancela el monto más allá de los 30 días hábiles. La reforma tributaria sostiene que los cambios “se dan para adaptar la norma a un escenario real de una inflación imperante”.

Los abogados defensores, rápidamente, pidieron la reducción de los delitos que se le imputan al empresario bajo la aplicación de la ley penal más benigna, un principio del derecho penal de aplicar siempre la norma más beneficiosa al acusado aunque se haya sancionado con posterioridad al delito.

El juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada hizo lugar al pedido para reducir los delitos que se le imputan al empresario. Según trascendió, la medida será apelada por los fiscales después de que el procurador general interno, Eduardo Casal, dictara una resolución en la que obligó a todos los representantes del Ministerio Público a apelar las causas en las que se aplique la ley más benigna.