La guerra contra las drogas lanzada por los ministerios de Seguridad porteños y nacionales en la Capital Federal se pelea, por lo visto, de un porro a la vez. En marzo de este año en la Capital Federal, en un solo turno policial de 15 días de una sola fiscalía de Comodoro Py, las fuerzas policiales entregaron 394 arrestos por tenencia de drogas para consumo personal. El promedio incautado: apenas 8 gramos de marihuana por detenido.
El doctor Federico Delgado, titular de la Fiscalía Federal N°6, encargado de investigar tramas como el caso Odebrecht o el lanzamiento de bolsos del ex número dos de Julio de Vido, José López, realiza desde 2011 un ejercicio estadístico con el volumen de causas que pasan por su escritorio.
Con el tiempo, Delgado descubrió algo muy llamativo: las causas por tenencia de marihuana para consumo personal se convertían en el mayor volumen de su trabajo, en un fuero penal que lidia con la corrupción de funcionarios públicos, el narcotráfico y la trata de personas. Con los años, los números de presos por fumar en la calle o tener un poco de hierba en el bolsillo únicamente subieron. Delgado, preocupado, le remitía sus conclusiones al procurador de turno, hoy siendo Alejandra Gils Carbó. Hoy, tal como en cada semestre, estos números están más altos que nunca.
Ayer por la mañana, Delgado remitió al Ministerio Público Fiscal su nuevo informe al que accedió Infobae, basado en el turno policial de la segunda quincena de marzo pasado bajo la firma del juez Rodolfo Canicoba Corral. El resultado: de 467 causas en total, 331 casos correspondieron a violaciones de la ley de drogas, la 23.737. De esos 331 expedientes, 249 correspondieron a causas por tenencia de droga para consumo personal. Es decir, el 53% por ciento de todo el trabajo de una fiscalía federal de Comodoro Py. El número de detenidos por fumar es récord: 394 en total, 138 arrestos más que en el turno judicial de octubre del año pasado y nueve más que en el turno de abril de 2016, el pico histórico anterior.
Los números del pasado muestran la curva ascendente. El relevo estadístico del turno de noviembre de 2015, por ejemplo, deparó 432 causas con 195 de ellas por tenencia para consumo personal; el de abril de 2016, 250, un incremento del 30 por ciento con respecto al turno anterior. El turno siguiente, agosto de 2016, tuvo 155 casos por tenencia de drogas para consumo, solo un 10% del total de las causas de estupefacientes fueron por venta. Los detenidos por tenencia para octubre del año pasado: 256. El aumento, por lo visto, es drástico.
La cantidad de droga es ínfima en todo este universo de 249 casos: fueron en total apenas 1983 gramos de marihuana, un promedio de 8 gramos por detenido y 226 gramos de cocaína, 1,40 gramos por persona. La arbitrariedad de las fuerzas de seguridad es evidente. 45% de los arrestos, según el informe de Delgado, fueron realizados luego de un pedido de documentos y una requisa por “actitud sospechosa”. Apenas un 1% se detectó en aeropuertos, por ejemplo.
Durante los dos últimos años, las diferentes cabezas de las fuerzas de seguridad que actúan en territorio porteño, diferentes comisarios en diferentes jerarquías, negaron en privado que existiera una orden política desde los ministerios de Seguridad para arrestar consumidores. Lo cierto es que la futilidad de estas detenciones es evidente: Delgado archiva los expedientes en un 100%, sobreseimientos incluidos, con la aplicación del fallo Arriola de la Corte Suprema.
Sin embargo, hay un error de concepto con respecto al fallo Arriola que es general entre los consumidores arrestados. Un 18% fue detenido por consumir en la calle, otro 31% por manipular droga a la vista en espacios públicos. “En general se piensa que tener drogas para consumo no es delito. No es así. Tener drogas es delito, solo que en algunas circunstancias es inconstitucional su penalización. Más de la mitad de las causas por tenencia para consumo se iniciaron porque las personas muestran o consumen la droga en la calle. Es evidente que el fallo Arriola se explicó mal”, apunta Delgado en su informe.
La futilidad de estos procedimientos, por otra parte, lleva al atoramiento del sistema judicial y policial. Se realiza una detención y se inicia un expediente. Hasta que el detenido recupera su libertad de forma inexorable, al menos en el caso de los expedientes por tenencia para consumo que llegan al fiscal Delgado, el Estado, representado por el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal pierden tiempo y dinero en horas hombre y papeleo. En el medio, un hombre o mujer conoce el sinsabor de una jaula con un arresto en su registro. “Son casos que no pueden progresar. Sin embargo, se insiste con ello y todo ese tiempo, dinero y energía es lo que hace falta para resolver casos complejos”, aseveró el fiscal.
La Policía Federal y la Policía de la Ciudad registraron una suerte de empate en cuanto a expedientes: hubo 120 procedimientos de cada una, con apenas 5 por Prefectura, tres por PSA y uno solo por Gendarmería. Las seccionales de la Policía porteña hicieron 114 arrestos, la División Ferrocarriles de la PFA estuvo a cargo de unos 110.
Consumir en el andén o el furgón, por lo visto, es celda garantizada. La División Ferrocarriles registró 37 casos en la línea Belgrano, la más golpeada. La línea de trenes Urquiza registra 32 expedientes, el ferrocarril Roca sigue con 22. El Mitre, apenas ocho. Retiro, Constitución y Villa Soldati son las principales estaciones donde se arresta a consumidores. En cuanto a las comisarías de la Policía Porteña, la 25°, que cubre partes de Villa Crespo y Palermo inició nueve causas, la 23° en Palermo registra otras siete.
Los hombres son la amplia mayoría entre los detenidos: 372 de 394, el 94%. Los menores, por otra parte, están lejos de ser la norma, el promedio de edad de los arrestados es de 26 años. Los extranjeros están lejos de ser la norma también: 349 en la lista son argentinos, con 16 peruanos, ocho paraguayos y seis bolivianos. Los pobres son quienes más sufren los arrestos: de 394 detenidos, 272 aseguraron ser albañiles o changarines en general, 95 aseguraron estar desempleados. Solo un 24% tenía antecedentes penales.
En todo el estudio de Delgado, por otra parte, hay un solo rubro que desciende, el promedio de marihuana incautada por preso. Un año atrás, la cantidad era de 10 gramos en promedio, hoy, es de poco más de 8.
La comparación con el resto de las causas de competencia federal que tramitan el despacho de Delgado basta para ilustrar el punto que enfatiza el fiscal en cada uno de sus informes semestrales. Por ejemplo, frente a 249 causas por tenencia para consumo, solo hubo doce por trata de personas, seis por trata sexual, otras seis por trata laboral en talleres textiles.
