Tras la decisión del Senado de habilitar a la Justicia a realizar operativos en las propiedades de Cristina Kirchner, el juez Claudio Bonadio instruyó a la Policía Federal a allanar el departamento de la expresidenta en Recoleta y su casa de Río Gallegos. Los procedimientos empezaron al mediodía y se extendieron hasta la madrugada. Este viernes será el turno de la vivienda que falta, ubicada en El Calafate.
Pasado el mediodía, una gran cantidad de agentes federales llegaron al edificio ubicado en Uruguay y Juncal: con un impresionante despliegue técnico, miembros de la Policía Científica llevaron al menos siete valijas con equipos especiales, maletines y escáneres. Los oficiales entraron con testigos al departamento y no dejaron pasar al abogado de la senadora.
Alrededor de las 22, cuando algunos oficiales se retiraban con sus equipos, militantes kirchneristas que se acercaron durante el día para brindarle apoyo a la senadora les arrojaron botellas y les patearon la camioneta.
Cómo fueron los operativos
Los procedimientos fueron encabezados por Bonadio y se desarrollaron después de que el Senado los aprobara por unanimidad, ya que Cristina tiene fueros como legisladora y los procedimientos debían ser autorizados por la Cámara alta.
La Justicia sospecha que Cristina instrumentó junto a varios exfuncionarios una red de sobornos provenientes de la obra pública y del sector energético. Oscar Centeno, el exchofer del exfuncionario K Roberto Baratta, la mencionó en las anotaciones en las que describió cómo llevaba bolsos llenos de plata en el auto oficial que manejaba.
Los allanamientos se hicieron sin los condicionamientos que planteó Cristina: que no hubiera cámaras para evitar la difusión de imágenes, que fueran presenciados por sus abogados y un senador elegido por ella, que resguardaran sus objetos personales y que no rompieran las paredes. De esta manera, el juez actuó bajo su propia consideración.
Bonadio no buscaba encontrar plata en las propiedades, sino que el objetivo pasaba por otro lado. El magistrado fue a verificar si los espacios físicos de los inmuebles coinciden con las descripciones que escuchó en su despacho.
La propiedad de la expresidenta está ubicada en el quinto piso, con una superficie aproximada de 254 metros cuadrados. Tiene cinco dormitorios y según la declaración del extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, en uno de ellos había varias valijas con plata de los sobornos.
Otra de las viviendas allanadas fue el chalet de Río Gallegos, ubicado en la calle Mascarello 441. En esta propiedad permanece Cristina cada vez que viaja para descansar a la capital de Santa Cruz. Tiene dos plantas, un amplio jardín y una superficie de 890 metros cuadrados. Fue tasada en U$S 570 mil por el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN), más del doble de los U$S 250 mil que declaró la expresidenta.
La tercera es la propiedad de El Calafate, el “lugar en el mundo” de Cristina. La casa tendría una superficie cubierta de 485 metros cuadrados y la exmandataria la empezó a construir en 2003. Estuvo a cargo de los arquitectos Ernesto Cañas y Pablo Grippo: este último es el que también hizo el hotel boutique “Los Sauces”, involucrado en una causa por lavado de dinero y asociación ilícita.
Dónde estuvo Cristina durante los allanamientos
¿Qué hizo la expresidenta durante las horas donde la allanaron? Por la mañana, Cristina durmió en la casa de su hija, en la calle San José 1111 del barrio de Constitución. Decenas de manifestantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron hasta la puerta de esa propiedad para apoyar a la senadora de Unidad Ciudadana. Un par de horas después de que empezaran los operativos, Cristina viajó hasta el Instituto Patria, el think-tank cristinista, donde se mantuvo hasta la noche. Cerca de las 23 volvió al departamento de Florencia Kirchner.
Cristina se mantuvo en un silencio absoluto. Los únicos que cuestionaron los procedimientos fueron los abogados de la expresidenta. Tanto Gregorio Dalbón como Carlos Beraldi hablaron de un “proceso irregular” e insistieron en que pedirán un “juicio político” contra Bonadio.
Los diputados y senadores nacionales del Frente para la Victoria calificaron como un “atropello” de Bonadio que no se le permitiera al abogado de la expresidenta presenciar el allanamiento a su domicilio. “Lo ocurrido con el doctor Carlos Beraldi demuestra claramente que los reparos que teníamos y que planteó Cristina en la sesión del Senado eran claramente justificados, porque sabíamos que iba a pasar esto”, manifestó la fuerza en un comunicado.