El defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, presentó un proyecto ante el Concejo Deliberante de la capital provincial, para que se declare la emergencia tarifaria para los servicios públicos en el ámbito municipal hasta el 31 de diciembre próximo.
En la iniciativa establece que se “autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a que utilice todos los mecanismos legales a su alcance para asegurar el acceso a los servicios públicos esenciales a todos los habitantes del municipio”.
En el artículo 3 del proyecto de ordenanza elevado por Penayo se solicita “al Ejecutivo Provincial y Nacional la suspensión de los aumentos tarifarios de servicios del año en curso y determine la prohibición de nuevo incrementos”, durante el plazo que dura la emergencia.
En este aspecto, se requiere según la iniciativa que se retrotraigan todos los cuadros tarifarios al 30 de noviembre del año pasado para los sectores más vulnerables de la población como ser jubilados, titulares de la Asignación Universal Por Hijo (AUH), veteranos y ex combatientes de Malvinas, emprendedores inscriptos en el monotributo Social, entre otros.
La declaración de emergencia solicitada por la Defensoría del Pueblo se basa en que “desde 2015 a la fecha el acumulado por el aumento del valor de la energía eléctrica para los usuarios posadeños es del 1.700 por ciento, no hay manera de que un asalariado pueda hacer frente a esos costos sin ver perjudicada su economía, y eso sólo con lo que respecta a la luz, pero siguen todos los otros incrementos”, enfatizó Penayo.
En el proyecto de ordenanza, el defensor posadeño esgrime fundamentos basados en estudios y conceptos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSUCA), la Universidad de Oxford, la London School of Economics and Political Science (LSE), e incluso un precedente sentado por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
