Las informaciones provenientes del Sur tienen desde hace tiempo un solo nombre: Santiago Maldonado. Sin embargo, el conflicto mapuche viene de larga data. En ese marco, surgieron varios informes de casi 30 personas de la comunidad mapuche y movimientos sociales de Esquel con datos personales (conductas, ideología política y direcciones) confeccionados por un agente de la Agencia Federal de Inteligencia durante el kirchnerismo.
Las tareas realizadas por este agente quedaron bajo la lupa de la Justicia ya que nunca recibió una orden judicial que lo autorizara a espiar a los indígenas. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratificó el procesamiento de este espía que operó en Esquel durante el 2015 por haber encabezado tareas de inteligencia ilegales “de persecución a comunidades mapuche y a referentes sociales de la zona”.
El espionaje ilegal de parte del espía tuvo inicio en 2015. Según consta en la causa, a cargo del juez federal Guido Otranto, el agente “llegó a la región el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque y se involucró activamente en la investigación que estaba realizando la División de Investigaciones de Esquel de la Policía del Chubut”.
El espía, de acuerdo al caso judicial, no solo se encargó de reunir información sobre la disputa por la ocupación de tierras en una estancia de Benetton por parte del Movimiento Mapuche Puel Mapu de Cushamen. También, se involucró en la pesquisa encomendada a la misma División de la policía provincial “tendiente a dar con el paradero de Francisco Facundo Jones Huala a raíz de la solicitud de arresto provisorio con miras a extradición que había sido requerido por la República de Chile”.
La acción del espía -cuya identidad quedó bajo reserva- salpicó a funcionarios fiscales y policías. El agente habría provisto la información recolectada a dos fiscales y efectivos provinciales. El juez Otranto a principio de año había dictado el procesamiento sin prisión preventiva al comisario Adrián Alejandro Muñoz, al oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez, al fiscal general de la Circunscripción Esquel, Fernando Luis Rivarola, y a la fiscal jefe de esa dependencia del Ministerio Público, María Bottini por “haberse relacionado de manera prohibida con un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia”.
Según detalla La Nación, el gobierno de Cristina Kirchner luego anuló los operativos de inteligencia en la zona por los vínculos del exjefe de la Inteligencia, Oscar Parrilli, y referentes camporistas con organizaciones mapuches. Sin embargo, el control de las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura) sobre las comunidades siguió siempre con órdenes impartidas desde juzgados federales, que instruyen las causas de la toma de tierras en Leleque y los ataques de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
