A través de la Comunicación A 6025 la autoridad monetaria definió las nuevas condiciones que deberán reunir desde las micro hasta las medianas empresas, para que puedan calificar a las Líneas de Crédito Productivo que deben otorgar todas las entidades financieras, hasta un mínimo del 20% del total de sus depósitos.
Las diferentes escalas de facturación anual, por tamaño de empresa y principal rubro de explotación fue regulado por la Resolución 11 de la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa, en febrero último.
Ahora, el Banco Central expecificó que “se tendrá en cuenta, para determinar la condición de la empresa, el valor promedio de las ventas totales anuales, excluidos los impuestos al Valor Agregado e Internos y deducidas hasta el 50% del valor de las exportaciones, obtenidos de los últimos 3 ejercicios comerciales o años fiscales, según la información que presentada a través del servicio con Clave Fiscal denominado ‘Pymes Solicitud de Categorización y/o Beneficios Fiscales’ disponible en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (http://www.afip.gob.ar)”.
Para los casos de empresas cuya antigüedad sea menor que la requerida para el cálculo establecidos en general, se deberá promediar la información de los ejercicios comerciales o años fiscales completos, y si fuere más reducido, se hará un cálculo proporcional.
Consideraciones excluyentes
Aclara la autoridad monetaria que “cuando una empresa registre ventas en más de un sector de actividad, se tendrá en cuenta el de cuyas ventas hayan sido las mayoresdurante el último año”.
Además, precisó la entidad que “no serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas las que, reuniendo los requisitos consignados se encuentren controladas por -o vinculadas a empresas o grupos económicos que no reúnan tales requisitos”.
Las líneas de crédito productivo establecen una tasa de interés de 22% o la del promedio de los bancos privados para depósitos a más de un año de plazo, la que resulte menor.
Se trata de préstamos que se pueden aplicar a la compra de bienes de capital, como maquinarias y tecnología de última generación; construcción de instalaciones destinadas a la producción y/o comercialización de bienes y servicios; descuento de certificado de obra pública y también para el descuento de cheques de pago diferido.
