El oficialista frente Cambiemos corrió el riesgo de que la sesión especial convocada para tratar el proyecto de ley de responsabilidad empresaria fracasara por falta de quórum, pero la jefa del Frente Renovador, Graciela Camaño, terció para que se extendiera el plazo de espera y la misionera Silvia Risko aportó los 129 legisladores que exige el reglamento.
La sesión estaba convocada para las 11.45, pero transcurrido los 30 minutos de espera, el presidente del bloque por el Frente para la Victoria (FPV), Héctor Recalde, pidió que se levantara la reunión por falta de quórum, luego de que otorgara una extensión de 15 minutos al período autorizado por el reglamento.
Cuando parecía que fracasaba la reunión, ya que sólo se contaba con la presencia de un poco más de un centenar de legisladores en el recinto, Camaño intervino para pedir 15 minutos de espera y recordó que cuando el kirchnerismo era oficialismo tuvo que esperar hasta “seis horas” para lograra quórum.
“Estuve en este recinto esperando que el bloque oficialista kirchnerista lograra quórum seis horas. Esto de querer venir a imponer la presencia ajustada al reglamento por parte de un bloque que cuando fue oficialismo cometió todo tipo de tropelías, es una falta de respeto para aquellos que hemos tenido y tenemos solidez en lo que hacemos”, esgrimió la legisladora.
En momentos que Camaño marcaba diferencias con el proyecto oficial de responsabilidad empresaria, ingresó al recinto el bonaerense Felipe Solá y hubo un cerrado aplauso, pero el oficialismo tuvo que esperar que se sentara en su banca la misionera Silvia Risko para comenzar a sesionar con los 129 legisladores que exige el reglamento para sesionar.
El proyecto, que busca nuevas herramientas para combatir la corrupción, se realizará en medio de la campaña electoral, en la que se instaló con fuerza el debate sobre denuncias de cohecho y enriquecimiento ilícito y las investigaciones a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su vicepresidente Amado Boudou y funcionarios de su gobierno.
La sesión especial pedida por el frente oficialista Cambiemos se inició a las 12.33, es presidida por el titular de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, y arrancó con la presencia de 129 diputados necesarios para el quórum.
Si bien Cambiemos tiene asegurado el quórum, habrá una fuerte discusión con la oposición sobre la figura legal del “colaborador eficaz” que rechaza que no se le apliquen sanciones penales por aporte de datos que puedan esclarecer hechos de corrupción.
El dictamen oficialista prevé sanciones económicas pero no penales y que se pueda aportar datos sobre hechos de corrupción cometidos antes de la sanción de lanueva ley.
Algunos legisladores opositores señalan que esta figura legal sólo apunta a que la constructora brasileña Odebrecht aporte datos sobre el pago de coimas a funcionarios de la anterior gestión a cambio de que se le otorgaran obras públicas.
Qué dice el dictamen
El dictamen de mayoría establece que podrá celebrarse un acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público Fiscal y la empresa que se comprometa a aportar “información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito”.
El acuerdo podrá prever el saneamiento de los actos viciados por los hechos reconocidos y la extinción de acciones sancionatorias y administrativas previa intervención vinculante de la Procuración del Tesoro de la Nación o autoridad equivalente en otros poderes o en las jurisdicciones locales, que deberá pronunciarse en relación al interés público comprometido.
La celebración del acuerdo de colaboración eficaz “no implicará reconocimiento de responsabilidad por parte de la persona jurídica”.
En cambio no hay desacuerdos sustanciales en otros puntos del proyecto, que contempla fuertes multas, la prohibición de participar en licitaciones públicas y la posibilidad de quitar la licencia para operar en el país.
Para el caso de las personas jurídicas que se hayan constituido en el plazo de 12 meses anteriores a la comisión del delito o no hayan declarado ingresos en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, el proyecto del oficialismo prevé multas de entre el 0,5 y el 20 por ciento de los ingresos brutos promedio registrados al momento de la comisión del delito.
Además fija que la recaudación de las multas se destinará a la inversión en infraestructura y equipamiento en materia educativa y de salud.
En cuanto a la suspensión total o parcial de actividades, la iniciativa sobre la que Cambiemos buscará alcanzar un acuerdo determina que no podrá superar los diez años, al igual que en el caso de suspender la marca o patente, en donde se establece que la prohibición de operar no podrá superar la década.
En la iniciativa, se determina además que si una empresa es condenada por delitos de corrupción, se le podrán sacar hasta por el lapso de diez años los subsidios estatales, así como prohibirle la participación en licitaciones públicas del Estado.
