El juzgado que conduce Marcelo Martínez De Giorgi verá desfilar en los próximos meses a más de 40 personas sospechadas por desvíos de fondos públicos relacionados al programa de viviendas Sueños Compartidos. El magistrado lanzó una extensa lista de llamados a indagatoria que comenzará el 4 de julio y culminará el 28 de septiembre.
Entre los convocados figuran nombres conocidos en la causa, como el de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. También figura el nombre de Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo; en este caso hay una diferencia notable: hasta ahora la dirigente sólo había declarado como testigo.
En la nómina de citados predominan, además, los dirigentes políticos, sobre todo del kirchnerismo. El ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y José López, ex secretario de Obra Pública detenido ayer con casi 9 millones de dólares, deberán declarar por la firma de un convenio para ese programa. También el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich. Los tres actuaron como gerenciadores de ese plan oficial.
Las citaciones corresponden a la causa iniciada en 2011, que en el último tiempo tuvo novedades. La Justicia pudo acreditar que se desviaron 206 millones de pesos destinados a Sueños Compartidos, asignados a la Fundación Madres Plaza de Mayo y dirigido por los Schoklender. Para ello no hubo una única modalidad, sino diferentes caminos, como el envío de dinero a empresas o el cambio por cheques en financieras y cooperativas. También la tarea de lavar ese dinero siguió diferentes caminos.
Según la resolución, “las notas apuntadas permiten reconstruir una hipótesis delictiva, según la cual Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de viviendas sociales”.
La investigación busca determinar si parte de esos fondos habrían sido “detraídos luego de su destino específico –con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado-, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas”.
