El fiscal Álvaro Garganta ordenó recolectar información en el Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto de San Fernando como medidas de investigación que esclarezcan cómo fueron solventados los viajes del excandidato presidencial Daniel Scioli a partir de una denuncia de Elisa Carrió por malversación de fondos.
El caso se desprende de la denuncia que efectuó la diputada Elisa Carrió por administración fraudulenta de los fondos públicos. Por la mañana, Garganta había pedido la inhibición general de bienes por 15 millones de pesos y la prohibición de salidas del país para el exjefe de Gabinete sciolista Alberto Pérez y el su exdirector general Walter Carbone.
El fiscal Garganta pidió que “a los efectos de no retrasar el trámite de la presente investigación” el requerimiento se tramite “vía incidental”, tal como lo establece el artículo 200 del Código Procesal Penal de la provincia que versa sobre las diligencias sobre embargos y fianzas.
Pérez y Carbone están acusados como “coautores” del delito de “peculado de caudales o efectos en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Para el fiscal, Pérez y Carbone “sustrajeron (durante 2014 y 2015) en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.
Para concretar la maniobra, según el expediente, se realizaron 25 eventos de gestión entre el 6 de enero de 2014 y el 21 de octubre de 2015, para los que Pérez y Carbone autorizaron retiros en efectivo, en su mayoría de entre 300 y 700 mil pesos, a cambio de facturas apócrifas que justificaban el desembolso.
Entre los casos se destaca uno del 21 de octubre de 2015, cuando se realizó el “Evento de Presentación del Sistema Integrado de Coordinación Legislativa”, fecha en que se autorizó un retiro en efectivo de 700 mil pesos a través de nueve facturas, de las cuales “seis eran apócrifas”, entre ellas la de una librería denominada “Pinocho” por 90 mil pesos.
Pérez quedó imputado de haber firmado los anticipos para los diferentes eventos y Carbone de ser “el beneficiario de los anticipos, y quién efectivamente percibió las sumas de dinero en efectivo autorizadas por cada una de las órdenes extra presupuestarias, libradas por orden del entonces Ministro”.
El rol de Carrió
La denuncia contra Pérez y su equipo derivó de una presentación que en junio realizó en la justicia platense la diputada Carrió contra la administración Scioli, y la causa cayó en la UFI 11 a cargo del fiscal, Álvaro Garganta, bajo la carátula “lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública”.
En el marco de la investigación el 14 de septiembre el fiscal Garganta ordenó un allanamiento en la casa que Carbone tiene dentro del famoso Country Abril, ubicado en el kilómetro 33 de la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde encontró una caja fuerte de dos metros vacía dentro de una escultura de un dragón.
Pérez fue citado a declarar el 7 de noviembre pasado, mientras que Carbone lo hizo una semana después, y ambos negaron su participación, al igual que los otros ex funcionarios de la Jefatura de Gabinete que están incluidos en la investigación y que ahora podrían ser inhibidos por la justicia platense.
