“Sería muy grave que la Corte no avale los aumentos de tarifas”, advirtió el ministro de Energía Juan José Aranguren, que transmitió la preocupación del Gobierno por la judicialización de las fuertes subas en los servicios públicos. En medio del malestar de los usuarios -protestas incluidas- y de las quejas de las empresas por la falta de recaudación, el Ejecutivo volvió a meter presión para que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo.
En un cambio de rumbo, tras las resistencias iniciales el Gobierno decidió convocar a audiencias públicas a fin de mes para explicar los aumentos que les dieron a los generadores de electricidad y a los productores de gas. Así busca destrabar el laberinto judicial al que entraron los tarifazos por la gran cantidad de recursos que se interpusieron para frenarlos.
La realización de esta audiencias está reglamentada e implica la participación de representantes de las empresas del sector, de las organizaciones de usuarios y consumidores (residenciales e industriales) para debatir aspectos técnicos y económicos de la política tarifaria, coordinados por los organismos reguladores (ENARGAS y ENRE).
A la espera de la resolución de la Corte las empresas distribuidoras de luz y gas están atentas a las instrucciones de los entes reguladores sobre del criterio a aplicar en la facturación. Las gasíferas dejaron de emitir sus facturas, tras los frenos a las resoluciones que determinaban techos de subas de 400% y de 500%.
Mientras que Edenor y Edesur facturan con las tarifas viejas, tras la resolución de la jueza federal de San Martín Martina Forns, que ordenó retrotraer los precios de la energía eléctrica mayorista en el ámbito nacional y los precios de distribución de estas dos empresas. La magistrada también dispuso que las empresas devuelvan lo facturado de más desde el 25 de enero a esta parte.
Según Edenor si el fallo no se revierte los hogares dejarán de pagar la luz durante más de un año, por el saldo a favor. Eso pondría a la empresa en una situación de nulos ingresos, lo que le impediría afrontar sus gastos en sueldos y mantenimiento y hacer inversiones.
