En un juicio que duró diez años, la Justicia condenó al dueño de una vivienda ubicada en el barrio porteño de Mataderos a indemnizar a un niño que en 2006 se lastimó en su vereda. ¿La razón? Haber colocado un alambrado alrededor de un árbol para protegerlo. Ese fue el elemento que provocó el tropezón y la caída del pequeño, y una lesión en su pierna.
Tras el fallo, el frentista deberá pagarle a Cristian Floxo, hoy un joven mayor de edad, la suma de 35 mil pesos.
El 5 de octubre de 2006, cerca de las 17, el chico caminaba por por la vereda de Homero entre avenida Bruix y Rodó. Iba con dos amiguitos para celebrar su cumpleaños. Al llegar al 817 de Homero, Cristian tropezó y cayó sobre un cantero de caños y alambres de unos 20 centímetros de altura, una construcción casera e ilegal. El nene cayó dentro de un cantero, a los pies de un árbol, donde había además residuos y vidrios rotos.
Una de las varillas metálicas con las que había sido construido el cantero se clavó en la rodilla de Cristian, quien fue asistido por vecinos hasta que llegó su madre y fue trasladado en ambulancia. Del hospital salió con un yeso en su pierna que luego de un tiempo sería retirado. Pero los estudios médicos posteriores indicaron que la pierna de Cristian había quedado con una discapacidad crónica del 3 por ciento, además de una cicatriz.
Tras el accidente, Claudio y Alejandra, los padres del pequeño, demandaron al propietario de la casa, Francisco Rodolfo de Vita, quien en un principio negó haber colocado el cantero improvisado. También dijo, según consigna el diario Clarín, que no le constaba que el nene se hubiera lastimado en ese lugar.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad rechazó toda responsabilidad y señaló que esas varillas metálicas habían sido colocadas por un tercero, por lo que no le cabía hacerse cargo de la indemnización.
Según reza la ordenanza N° 33.271, la responsabilidad por el mantenimiento de las veredas es responsabilidad del frentista, salvo que se trate de las raíces de un árbol o la intervención de una empresa de servicios públicos.
Teniendo en cuenta esto, y en base a lo señalado por testigos del accidente, el titular del Juzgado N° 17 en lo Contencioso Administrativo, Marcelo Segón, condenó a De Vita a abonar una indemnización de $35.800, en tanto que absolvió al Estado. De acuerdo con los argumentos emitidos en el fallo, responsabilizar al Gobierno de la Ciudad “equivaldría a sostener que el Estado local es garante de cualquier accidente que sufra un transeúnte en vía pública, aunque la causa del accidente obedezca al actuar negligente de terceros”.
