SAN SALVADOR DE JUJUY.- La mayoría de las carpas estaban vacías. Por los caminos que dividían la plaza sólo caminaban perros callejeros con sobrepeso, el olor a carne cocida ya no se sentía y a la música de los celulares que alegraba las horas le había ganado el silencio. A lo lejos, desde uno de los rincones más cercanos a la gobernación de esta provincia se escuchaban aplausos. Allí, bajo un gazebo gigante se desarrollaba una nueva asamblea de los manifestantes de la Tupac Amaru que viven allí desde hace ya 36 días, a la intemperie, en el acampe contra el gobernador radical Gerardo Morales.
La cantidad de gente es mucho menor que en las reuniones previas, a las que asistió LA NACION casi de manera furtiva, ya que aquí la prensa siempre es resistida. La protesta aparecía golpeada, debilitada, y ya no sólo por la detención de su máxima líder, Milagro Sala, y las constantes ofensivas del gobierno que provocaron una fuga de cooperativas del lugar. En las últimas horas, algunas de esas organizaciones denunciaron en la Justicia a Sala y a otros miembros de la agrupación barrial por quedarse con fondos públicos que no les correspondían y por manejarlos discrecionalmente a pesar de que tenían un fin específico.
LA NACION tuvo acceso a nueve de estas denuncias, la gran mayoría de ellas efectuadas el 15 de este mes. En ellas, los denunciantes -que pidieron estricta reserva, por haber sufrido amenazas- relataron cómo la Tupac Amaru confiscaba el dinero de las cooperativas a través del endoso de cheques, de facturaciones por dinero que nunca aparecía -o por montos muy superiores a los recibidos- y del retiro en bolsas de grandes sumas de dinero de los bancos.
“No podíamos decir que no. Si decíamos que no, nos sacaban las obras que teníamos”, declaró uno de los denunciantes. “Si no accedíamos a hacer lo que nos pedían, nos iban a cerrar las puertas de los ministerios”, relató otro de los cooperativistas, en lo que es una clara muestra del poder acumulado por Sala, que le permitía tomar decisiones que correspondían al propio gobierno provincial (ver aparte).
Figuran tres nombres que en las denuncias se señala como los cabecillas de la maquinaria: el dirigente de la Tupac Amaru Javier Nieva; la diputada provincial por el Frente Unidos y Organizados (FUyO) Mabel Balconte, y la concejala de la localidad de San Pedro Marcia Sagardía (FUyO).
Era Nieva quien, según las descripciones, lideraba los operativos de aprovisionamiento y reparto de fondos, los cuales habrían sido trasladados en bolsas en su camioneta Volkswagen Amarok azul.
LA NACION se comunicó ayer con Nieva, aunque éste, dubitativo, sólo contestó que estaba “esperando que la Justicia dictamine” sobre su situación procesal. Después, cortó la llamada.
En tanto, además de denunciar a Sala y a su entorno por fraude y asociación ilícita, el gobierno amplió las denuncias penales contra ex funcionarios de la gestión del kirchnerista Eduardo Fellner, predecesor de Morales. Se trata del ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), Lucio Abregú; el vocal social del organismo, Pablo Tolosa, y la jefa del Departamento Administrativo Financiero, Marta Gutiérrez (ver facsímil).
Según el escrito que el gobierno de Morales presentó ante el fiscal Mariano Miranda, los denunciados incurrieron en el delito de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos públicos.
El fundamento recae sobre la creencia del oficialismo de que la Tupac Amaru nunca hubiera podido cometer los delitos de los que se la acusa sin la connivencia del Estado. “Estos funcionarios son quienes firmaron los convenios de obra y dieron la orden de pago”, dice un fragmento de la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION.
Se terminaba ayer una jornada de un sol violento en esta ciudad. El cielo oscurecía y la plaza se iluminaba tenuemente con la luz de los faroles. Según el gobierno de Morales, quedaban “unas 180 personas” y los manifestantes ya no se jactaban de ser “miles”.
En la plaza eran conscientes de que la situación no era la misma que la de los primeros días del acampe. Y afirmaban que Milagro Sala pudo haber cometido algunos errores que pueden justificar parte de los delitos por los que está denunciada. “Se la acusa de un montón de cosas sin fundamentos. Quizás, lo malo de ella es que nunca hizo firmar nada, ningún papel. Ella no es de las que van y se sacan una foto, lo hace todo por voluntad”, sostuvo una docente tupaquera que, bajo uno de los muchos gazebos que decoran la plaza, acomodaba el mazo de cartas.
Acusaciones que rozan a Fellner
Complicidad
El gobierno de Gerardo Morales denunció a ex funcionarios por integrar una asociación ilícita. Los tres funcionarios se desempeñaban en el Instituto de la Vivienda, con Fellner como gobernador
En primera persona
El presidente de una cooperativa denunció cómo los fondos nacionales no le llegaban y apuntó contra Milagro Sala.
Manejos irregulares
Maniobras. Las denuncias indican que la organización Tupac Amaru confiscaba el dinero de las cooperativas a través del endoso de cheques
Cuentas. Señalan que hay evidencias de facturaciones por dinero que nunca aparecía o por montos muy superiores a los efectivamente recibidos
Montos. Advierten que Tupac Amaru reparte $ 45 millones por mes en concepto de construcción de viviendas, mejoras habitacionales y planes sociales
Colaboró Lucrecia Bullrich
