El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva al exdirector del Ente Binacional Yacyretá Oscar Thomas por el delito de asociación ilícita, en la causa de los cuadernos de las coimas. El exfuncionario seguirá detenido y fue embargado por $ 4 mil millones.
De acuerdo a los registros que hizo en cuadernos el exchofer de Roberto Baratta Oscar Centeno, Thomas hizo pagos por más de un millón de dólares al Ministerio de Planificación Federal. Estuvo al frente de la EBY durante el kirchnerismo y manejó presupuestos millonarios. Al iniciar su gestión solo declaró que tenía una casa pero para el final de su mandato informó que tenía otras 22 propiedades, según su declaración jurada de 2015.
Thomas fue arrestado la semana pasada, después de estar prófugo durante más de un mes. En su declaración ante la Justicia negó que haya pagado o recibido sobornos durante el kirchnerismo, cuando se desempeñó como director del Ente Binacional Yacyretá. “Niego haber entregado, dinero, bolsos, bolsitas, paquetes o cajas a exfuncionarios mencionados”, dijo el Thomas en su declaración ante el magistrado.
Bonadio había ordenado la detención de Thomas el pasado 1° de agosto, después de que su nombre apareciera en los cuadernos que escribió Centeno, con detalles sobre el supuesto traslado de dinero de coimas durante el kirchnerismo. Según el remisero en 2009 recogió junto a Baratta un bolso con U$S 1.100.000 en Juncal 1740, en Recoleta, donde vivía el exfuncionario K.
Sobre ese domicilio Thomas contestó en la indagatoria que vivió sobre la calle Juncal en la intersección con Rodríguez Peña “ininterrumpidamente” entre enero de 2004 y fines de 2012, aunque dijo que no recordaba la numeración exacta. En las anotaciones del chofer también aparece una mención a Yacyretá en 2009, cuando -según Centeno- Baratta habría dicho que entre la represa y Transporte habían “aportado para la corona 657.000 dólares”.
Thomas fue arrestado el 18 de septiembre pasado en un departamento de Barrio Norte, en la Ciudad. La Policía Federal logró dar con él a partir del llamado de una vecina a una línea del Ministerio de Seguridad, ya que el Gobierno había ofrecido una recompensa de $ 500 mil para quien aportara datos certeros sobre su paradero.
