Mientras la Justicia Federal de esta ciudad continúa con las investigaciones en torno a supuestos casos de corrupción en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz y los posibles vínculos entre funcionarios de Aduana con organizaciones vinculadas al contrabando internacional, se conoció ayer que uno de los nueve sospechados en la causa fue beneficiado con la prisión domiciliaria por parte de la jueza María Verónica Skanata, quien lleva adelante las pesquisas en el caso.
Por motivos de salud el funcionario Francisco Antonio L. (42) fue trasladado desde la sede policial donde permanecía alojado a disposición de la jueza Skanata, a su domicilio particular luego de sufrir una fuerte descompensación.
Al parecer, por prescripción médica el aduanero pasará varios días de recuperación en su vivienda, bajo vigilancia de integrantes de la Policía Federal Argentina.
Según se desprende de las investigaciones, tanto Francisco Antonio como Lorenzo J. (38), Bernardino E. (36) y Orlando A. (40) eran los encargados del control de los automóviles inmediatamente después de concretar los trámites migratorios en las casillas. También hay otro agente de menor rango imputado que está libre.
A todos ellos, días atrás, se les negó el pedido de excarcelación presentados por sus respectivos abogados defensores. Todos están acusados del delito de “asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho”. Junto a estos hay otros cuatro integrantes de la Aduana que también están siendo investigados, pero estos últimos aún continúan en libertad.
La investigación ventilada semanas atrás mediante los distintos procedimientos ordenados por la Justicia Federal de Posadas en el Puente Internacional San Roque se iniciaron en agosto del año pasado, en un expediente que cuenta con escuchas en vivo, audios telefónicos y filmaciones de cámaras de seguridad.
La pesquisa se inició con la denuncia de uno de los administradores de la Aduana en Posadas. El funcionario observó con sospecha los movimientos de sus subordinados, como también de algunos automovilistas que eran controlados pasivamente o directamente pasaban por un “toque de ojo” sin mayores contratiempos.
Otros, con dominio paraguayo, llegaban hasta la cabecera argentina del puente después de hacer filas extensas y giraban para regresar nuevamente a Encarnación. La sospecha derivó en denuncia, lo que disparó la pesquisa. El Juzgado pidió identificar a los agentes que trabajaban esos días y horarios en que se detectaron las maniobras y eso derivó luego en la intervención de sus celulares.
Allí se habría establecido que los aduaneros habrían coordinado con paseros y contrabandistas conocidos. Se alertaba sobre horarios, días y carriles a utilizar, como también sobre los días en que la frontera estaba más controlada y quiénes estaban de turno. Todo se hacía previo pago de dinero que partía desde los 500 o 600 pesos y llegaban hasta los 30.000 diarios.
