El Gobierno lanzó el plan de retiros voluntarios para el personal de toda la administración nacional. El programa de ajuste en el Estado está destinado a miembros del Poder Ejecutivo, ministerios y organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social que engloban tanto al PAMI y la Anses como a la AFIP, el Senasa, INTA e INTI, entre otros.
Contempla hasta 6 sueldos al momento del retiro y hasta 24 cuotas mensuales posteriores para quienes tengan más de 10 años de antigüedad, todas equivalentes al sueldo neto y el beneficio de la obra social.
De cerca de 208.000 agentes públicos, se estima que podrían acogerse al retiro unos 80.000, y podrían sumarse entre 3000 y 5000 empleados públicos.
Para poder acogerse al plan, los empleados deben reunir ciertas condiciones: tener 65 años o más y no contar con años de servicio suficientes para jubilarse; tener entre 60 y 65 años, o hasta 60 años con dos o más años de antigüedad en las jurisdicciones previstas.
Quedan excluidos del plan los efectivos de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad, los miembros de la AFI, docentes, profesionales de la salud o del Servicio Exterior y científicos. También aquellos procesados por delitos en perjuicio de la administración o o quienes estén sometidos a sumario administrativo que pudiera derivar en una cesantía.
“Entre las premisas del Gobierno nacional se encuentra la de lograr la utilización de los recursos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados, conforme surge del Plan de Modernización del Estado”, indicó el Ejecutivo.
