El proyecto de pago a jubilados, que les ofrece a los contribuyentes la posibilidad de realizar un blanqueo de capitales, tiene varias aristas polémicas que seguramente provocarán una ardua negociación parlamentaria.
Consciente de la resistencia que generan algunos puntos del texto, el oficialismo adelantó que está dispuesto a modificar la propuesta original: “Estamos abiertos a la discusión”, aclaró Nicolás Massot.
No fueron palabras vacías las que pronunció el jefe de la bancada de Diputados del interbloque Cambiemos: desde que se conoció públicamente el texto del proyecto, referentes del oficialismo y de la oposición negocian retoques que dejen conformes a las dos partes.
El primer cambio significativo fue la decisión de excluir del blanqueo de capitales al Presidente y al resto de los funcionarios que responden al Poder Ejecutivo. Pero eso no fue suficiente.
La noticia de que jueces, legisladores, gobernadores e intendentes podrían acogerse a la amnistía fiscal -no aparecen entre los excluidos- generó un enorme revuelo, que comenzó a apagarse recién cuando fuentes del gobierno nacional hicieron correr que ese artículo será modificado. y la prohibición alcanzará también a los poderes Legislativo y Judicial.
Otro punto importante es la intención oficialista de conseguir permiso para vender las acciones que la ANSES tiene en cartera de empresas privadas. Sin embargo, ese deseo chocó de frente con el rechazo opositor.
El Frente Para la Victoria, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista adelantaron que no están dispuestos a hacer esa concesión. Y ahora Cambiemos, ante la inferioridad númerica que sufre en la Cámara baja, se muestra dispuesto a restringir esa posibilidad.
Otra característica polémica de la propuesta oficialista explotó ayer, al menos mediáticamente: se trata del Artículo 85, que garantiza el “más absoluto secreto” a aquellas personas que decidan ingresar al beneficio de blanqueo que el Poder Ejecutivo quiere implementar.
En función de esa premisa, también contempla penas de hasta dos años de cárcel para aquellos que den a conocer cualquier dato de las personas que ingresen a la amnistía fiscal. Incluso si son periodistas, ya que no figuran salvedades.
Ante el revuelo que generó ese apartado, los referentes de Cambiemos aseguraron que eso será modificado: “El artículo tiene un problema. Una cosa es la prohibición para los funcionarios y otra para los terceros. Hay que revisarlo y corregirlo”, admitió el diputado Pablo Tonelli.
Con esos retoques centrales y algunos otros que se debatirán próximamente, Cambiemos confía en que la propuesta logrará aval parlamentario y se convertirá en ley en un plazo aproximado de 30 días.
El debate se reanudará este mediodía en las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social, en Diputados: fueron convocados a exponer el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, asociaciones de jubilados y especialistas propuestos por distintos bloques. Se espera un plenario de varias horas de duración.
