Un concurso para nombrar a profesores de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires terminó en una acusación penal por irregularidades, por lo que ahora la secretaria académica, tres jurados y un concursante deberán explicar la situación ante la justicia. Los cinco fueron imputados por el delito de “falsificación de documentos para disimular una elección que ya habría estado digitada”, según dictaminó el fiscal Federico Delgado.
“Las pruebas alcanzan para afirmar la confección de documentos falsos”, advirtió el fiscal en su escrito. Además, Delgado concluyó: “Los hechos deberán ser valorados bajo el tamiz de las relaciones que ligan a cada uno de los involucrados en un campo atravesado por intereses, posiciones y capitales específicos. Esto significa que atrapa a los que confeccionaron el expediente trucho y a los que se beneficiaron de esa maniobra que ocurrió, irónicamente, en la Facultad de Derecho”.
El caso se inició con la denuncia de Sergio Di Gioia, quien reportó irregularidades en el concurso abierto para cubrir dos cargos de profesores titulares de Teoría del Estado, de la carrera de abogacía. “Todo esto fue público porque la toma de asistencia y el sorteo se realiza con todos los concursantes presentes. Este postulante salió cuarto, por lo tanto no entró y no ha sido propuesta su designación”, señalaron a Clarín desde la Facultad de Derecho, donde intentaron minimizar el episodio.
Delgado apuntó que “esas prácticas desembocaron en la confección de documentos falsos necesarios para que el expediente formalmente tuviese visos de legalidad. En otras palabras, el concurso podría ser un mero trámite para consagrar ganadores y perdedores preestablecidos”. Según Di Gioia, la primera irregularidad se concretó a través del acta del 20 de octubre de 2014 “en la que se consignó que el profesor Marcelo Alegre”, uno de los concursantes, “estaba presente aunque ello no fue así”.
De acuerdo al dictamen, “el documento falso lo firmaron Silvia Nonna, María Susana Bonetto, Juan Carlos Corbetta y Agustín Enrique Ferraro. Si el texto hubiese reflejado la verdad, Alegre habría sido excluido del concurso. Prueba de ello, según Di Gioia, es que ninguno de los aspirantes al cargo firmó el acta”. Entre otras irregularidades, el denunciante afirmó que “las actas que documentan reuniones de los tres miembros del tribunal que nunca existieron” porque “los tres integrantes del jurado, Bonetto, Corbetta y Ferraro, residen en La Plata, Córdoba y en España”. Desde Derecho aclararon: “Los jurados suelen deliberar sobre las impugnaciones a su dictamen, como hubo en este caso, por vía de conferencias o mails cuando no residen en la misma ciudad”.
Las primeras diligencias del fiscal corroboraron los indicios planteados por el denunciante y por ello pidió las indagatorias de Nonna (secretaria académica); los jurados Bonetto, Corbetta y Ferraro y el concursante Marcelo Alegre.
“Existen elementos para sospechar que el expediente administrativo tal como lo indicó el denunciante no documentó con fidelidad cada uno de los actos realizados”, sostuvo Delgado.
