La diputada nacional por el Frente para la Victoria y exministra del gobierno kirchnerista, Nilda Garré, presentó un proyecto de ley que busca penar con prisión de seis meses a dos años a quien “públicamente negara, minimizara, justificara o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad” estipulando agravantes cuando el autor sea funcionario público.
El proyecto tiene como objetivo reformar el Código a fin de introducir “un nuevo tipo penal” que sanciona con prisión y multas a quién negara crímenes contra la humanidad, imponiendo la reclusión de uno a cuatro años cuando quien la realice sea funcionario público e incluirá, en ese caso, la pena de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
Si bien la apología del delito ya se encuentra en el Código Penal, Garré entiende que esas manifestaciones “revisten un carácter más gravoso”.
“En el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado el alcance del terrorismo de Estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas. Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror, o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina”, explica la diputada en el proyecto.
Además, detalla algunos ejemplos de experiencia internacional comparada de legislación que castiga la promoción y negación de los genocidios y crímenes contra la humanidad, particularmente el genocidio practicado por el nacional-socialismo en Europa durante la Segunda Guerra mundial.
En Austria, la Ley conocida como Verbotsgesetz “prohíbe la negación del holocausto nazi” y establece: “Quien en forma impresa, en otros medios de comunicación, o de otra forma que hiciera accesible a mucha gente, negara, menospreciara, condonara, o tratara de justificar el genocidio nazi u otros crímenes nazis contra la humanidad será castigado con 1 a 10 años de prisión”.
En el proyecto, Garré adjuntó ejemplos de normas sancionadas en Bélgica, República Checa, Francia, Grecia, Hungría y Alemania, entre otros países.
