El juez Daniel Rafecas investigará la denuncia contra los miembros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz por el fallo del 2×1 que benefició a represores.
El abogado Marcelo Parilli radicó la denuncia contra los integrantes del Máximo Tribunal que votaron a favor de reducir la pena del represor Luis Muiña acusándolos de prevaricato.
La Corte le concedió a Muiña – condenado en 2011 a 13 años de prisión por secuestro y torturas durante un operativo militar en 1976 – el beneficio de una ley que computaba doble los días en prisión sin condena firme, es decir cuando la pena ha sido apelada. La sentencia generó un fuerte repudio de organizaciones y líderes de Derechos Humanos y de todo el arco político.
Desde Hebe de Bonafini pasando por Estela de Carlotto hasta miembros del gobierno de Cambiemos se pronunciaron contra el fallo. El eco no fue solo político sino que tuvo amplia repercusión judicial. Hubo un efecto dominó de presentaciones de represores que solicitaron acogerse al privilegio del 2×1.
Dentro de la Justicia, también hubo jueces y fiscales que se despegaron del fallo de la Corte Suprema. El Tribunal Oral Federal N°5 rechazó el pedido de excarcelación para el militar apropiador Héctor Giribone. Yla fiscal Ángeles Ramos pidió la “inconstitucionalidad” del beneficio del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad, al dictaminar sobre un pedido de excarcelación planteado por la defensa del represor Víctor Gallo, tras el fallo de la Corte Suprema del martes último.
