En un fallo histórico para la educación inclusiva, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció el lunes, los derechos invocados por Alan Rodríguez -un joven con síndrome de Down a quien le había sido negado el título secundario-. Como consecuencia ordenó a la escuela a la que asistió y al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a que expidan y legalicen el título, respectivamente.
“Era lo que esperábamos. Estamos muy emocionados. Alan está feliz. Es algo muy positivo y un gran avance para la educación inclusiva en general. La realidad es que todavía no tiene el título. Este es el fallo en primera instancia. Si el ministerio o la escuela apelan, nosotros no podemos saberlo. Nos enteraremos si lo hacen”, dice Florencia Innamorato, mamá de Alan.
Alan Rodríguez (22) fue a la misma escuela desde los 3 años y cursó toda su primaria y secundaria con un proyecto pedagógico individual. Cumplió año a año sus objetivos, pero al finalizar, le indicaron que su título no podía ser entregado porque, según la escuela y el ministerio, no había cumplido ciertos contenidos considerados mínimos por la normativa local.
Con el patrocinio jurídico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el apoyo del Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, el joven inició un amparo para que se reconociera su derecho fundamental a la educación , sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, y que en consecuencia se le entregue su título secundario oficial.
Educación inclusiva
Para tomar su decisión, el Poder Judicial aplicó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, declaró la inconstitucionalidad de la normativa local que condiciona la entrega del título al cumplimiento de objetivos estándar contemplados en la currícula, y ordenó la entrega del título oficial.
La jueza consideró que “el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de condiciones”, y aclaró que “en igualdad de condiciones con los demás no es equivalente a idénticas condiciones de evaluación en el sentido de los mismos contenidos para unos y otros”, sino que “a cada alumno/a se le exigiese el alcance de los objetivos que -desde lo institucional- se plantearon para él o ella. Para el caso de los alumnos que cuentan con un proyecto pedagógico individual, como el actor, el alcance de los objetivos allí fijados”.
Alan, mientras tanto, nunca se quedó con los brazos cruzados. Está terminando un curso de formación para el empleo en la UCA. “Le encantaría poder estudiar informática o algo relacionado con lo social. Pero hasta ahora se tuvo que adaptar a lo que podía estudiar que eran sólo cursos”, agrega Innamorato.
Desde la ACIJ sostienen que “la decisión judicial significa para Alan la eliminación de una enorme barrera para continuar su camino de formación y crecimiento personal, profesional y laboral con autonomía. Se espera que la escuela cumpla con la sentencia y haga entrega del título con la mayor celeridad posible, y que el ministerio lo legalice”.
