El ex ministro de Planificación Julio De Vido apeló ante la Cámara Federal porteña la orden que la Sala II dio al juez Luis Rodríguez para que pida su desafuero y detención. La defensa del actual diputado del FPV, a cargo de Maximiliano Rusconi, señaló que se encuentra “a derecho y que tiene derecho a una segunda instancia”.
Rusconi apuntó contra el fiscal del a causa, Carlos Stornelli, y a su colega ante la Cámara -Germán Moldes-. Así, reclamó que se “suspendan las medidas” ya cursadas al Congreso de la Nación que desde el martes iniciará la discusión para retirarle los fueros al legislador K hasta que la Cámara Federal de Casación, se expida al respecto.
De Vido quedó a un paso de la cárcel. Ayer, el juez Luis Rodríguez, que lo investiga por el desvío de fondos millonarios que debían dirigirse a la mina de Río Turbio (Santa Cruz) decidió pedir al Congreso nacional que desafore al ex ministro y a su vez, en caso de avanzar dicha medida, se lo detenga de forma inmediata y se lo traslade a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en el edificio de Comodoro Py.
El magistrado había rechazado un pedido similar del fiscal Stornelli pero ahora, ante la presión de la Cámara, no tuvo más remedio que avanzar.
Con este escenario, la defensa del diputado del FPV apeló este miércoles el fallo de la Cámara Federal que condujo al juez Rodríguez a pedir su desafuero y detención. Entre sus principales argumento, Rusconi reiteró que De Vido no sólo “está a derecho y no hay peligro de fuga” sino que tiene “derecho a una doble instancia”.
Entre los planteos de la apelación que deberá resolver la Cámara Federal de Casación, según pudo saber Clarín, criticó nuevamente a Stornelli, quien en dos oportunidades pidió que De Vido quede detenido. Su último planteo contó con el respaldo del fiscal ante la Cámara -Germán Moldes-, quien coincidió en que el ex ministro representaba un “riesgo para el avance de la causa” estando en libertad ante “las posibilidades del armado de entramados de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias”.
Para la defensa de De Vido, los argumentos de Stornelli “son incorrectos” y carecen “de sustento”. Además como ya planteó en un escrito anterior, considera que son “arbitrarios”. Respecto a Moldes, indicó que se trata de un planteo “contradictorio” y que “no es objetivo. ¿Por qué de todos los involucrados en la causa el único que tiene vínculos con el poder político es De Vido y sólo a él le pide la detención?”.
Es así, que Rusconi pidió que la apelación presentada tenga “efecto suspensivo” de las medidas ya ordenadas por el juez Rodríguez, algo que sólo ocurriría si la Cámara Federal o la de Casación aceptan la presentación en esos términos.
El fallo que cuestiona el abogado de De Vido se conoció ayer. En él, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah coincidieron en que había argumentos suficientes para avanzar en el pedido de desafuero por “la complejidad de los hechos, su extensión temporal, las vicisitudes que rodearon la obtención de documentación”, como también por la “ubicación y eventual recuperación de los fondos involucrados en las maniobras ilícitas”. Sin embargo, hubo disidencias al momento de considerar el pedido de prisión preventiva.
Farah consideró que se debería encontrar una instancia menos gravosa, como una caución real elevada. Por ello, es que el juez Leopoldo Bruglia -integrante de otra sala-, desempató acompañando el voto de Irurzun.
Pese al reclamo de De Vido, en principio, la orden del juez Rodríguez a la Cámara de Diputados que se cursó ayer, no se verá alterada. El pedido de desafuero que comenzará a ser tratado el martes próximo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, que preside el macrista Pablo Tonelli. La intención del oficialismo es llevarlo al recinto 24 horas más tarde para su aprobación. Se requiere el voto de los tercios de los presentes para que se acepte desaforar a un diputado.
En esta causa, De Vido está acusado de malversación de fondos por 26.000 millones de pesos -la plata que desde 2005 a 2015 se destinó a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) para la modernización y puesta en valor del complejo minero-, y cuyo perjuicio al Estado se calculó en al menos 265 millones de pesos.
Por Lucía Salinas
