Las denuncias por desmanejos en el PAMI durante la gestión kirchnerista de Luciano Di Césare sumaron un nuevo capítulo. La Auditoría General de la Nación (AGN) detalló en un informe que durante el 2014 se gastaron $ 311,6 millones por colocar Dispositivos Intrauterinos (DIU) a abuelas. Insólito.
El informe al que accedió TN.com.ar detalla que se pagaron “prácticas no realizadas” a prestadores que facturaron la colocación de Dispositivos Intrauterinos (DIU) a doce mujeres de entre 63 y 87 años, incluyendo el pago del DIU. También, figura que se pagó por más de 30 tomografías a un solo paciente “en el transcurso de la internación”.
La AGN explicó que los prestadores “con Cartera Asignada” tenían un listado de afiliados al PAMI por los que recibían un pago por adelantado. A medida que brindaban los servicios, les descontaban el pago del monto asignado. Sin embargo, se detectó que hubo una “falta de conciliación entre los importes facturados ( $ 887.446.874) por los prestadores durante el año 2014 y la suma total de las prestaciones transmitidas ($ 575.835.928). La diferencia entre ambos importes es de $ 311.610.945”.
“No se constató la efectiva realización de las prácticas transmitidas por los prestadores como paso previo a prestar conformidad por las prestaciones incluidas en la facturación”, señaló el organismo.
La auditoría que hizo la AGN en el PAMI fue sobre la ejecución del programa presupuestario del 2014, que incluye los contratos con los prestadores, el comportamiento brindado en las internaciones, los controles realizados, las penalidades a los prestadores que incumplieron con las obligaciones contractuales y el servicio PAMI Escucha y Responde. Sobre éste último ítem, el informe indicó que hubo 2.900 quejas, de las cuales el 40% fueron por disconformidad de los pacientes por demoras en los turnos y el 36% por la mala atención del equipo médico.
Por su parte, el auditor general Alejandro Nieva manifestó que los resultados “demuestran, una vez más, la cantidad de irregularidades que hubo en el PAMI durante la gestión anterior”.
Luciano Di Césare estuvo al frente de la obra social de los jubilados durante la presidencia de Cristina Kirchner. Se trata de un exfuncionario que siempre fue cercano al matrimonio Kirchner: en 1991 asumió como director de la obra social de Santa Cruz. En el 2015, antes de dejar el PAMI, exigió el pago de presuntas vacaciones no liquidadas por $ 1,3 millón. Por este hecho está procesado por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
